Jesús Robles Maloof
25/04/2013 - 4:29 pm
México a examen
Sobre la visita del Relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales. Definir la justicia siempre resulta complejo. Suelo pensar que ante la pérdida de vidas por actos humanos, una sociedad debe detenerse y analizar lo sucedido. Buscar las causas que propiciaron esa pérdida y definir con claridad quiénes son los responsables. Reparar el daño a […]
Sobre la visita del Relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales.
Definir la justicia siempre resulta complejo. Suelo pensar que ante la pérdida de vidas por actos humanos, una sociedad debe detenerse y analizar lo sucedido. Buscar las causas que propiciaron esa pérdida y definir con claridad quiénes son los responsables. Reparar el daño a las víctimas y adoptar medidas para evitar que suceda nuevamente. Es decir, un proceso donde una nación muestra vergüenza ante la pérdida de la vida, intencional y evitable, de algunos de sus ciudadanos. Algo así es la justicia.
En la mayoría de las naciones hay un acuerdo por el que debe procederse de esta manera ante delitos y violaciones a los derechos humanos. Ese consenso está reflejado en los tratados internacionales y en las normas supremas de cada país. En distintos niveles se cumple, en algunos países menos que en otros. En pocos la regla es que la justicia no llegue, tal es el caso de México. Diversos informes dan cuenta de que los índices de impunidad en la mayoría de los delitos rondan el 90 por ciento; algunos como el homicidio cometido por fuerzas militares y policiacas (ejecuciones extrajudiciales) ronda la impunidad total.
De 113 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Secretaría de la Defensa Nacional sobre este tema, sólo en dos se ha dictado sentencia. De 2006 a la fecha las denuncias por violaciones a derechos humanos por parte de militares se han incrementado en un mil por ciento llegando al punto de que en el periodo de 2010 a 2012, de cada cuatro quejas presentadas ante la CNDH, una fue contra la milicia. Pudiéramos pensar que esta no es una excepcionalidad de nuestro país, pero tristemente lo es. En América Latina, México es el único caso en el que no hay ninguna autoridad sancionada por delitos cometidos en el contexto de la guerra sucia.
Es en este contexto que desde el domingo inició la visita oficial del Relator Especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Christof Heyns. Esta figura fue creada en 1982 por el Consejo Económico y Social de la ONU. Su mandato ha sido renovado y ampliado periódicamente, siendo el relator con más amplias facultades de la gama de colegas que derivan de tratados o reciben mandato especial.
Entre sus facultades no sólo se encuentra conocer sobre casos de ejecuciones extrajudiciales, ya que desde 1992 se amplió su radio de acción a todos aquellos actos que pongan en peligro la vida misma. Así, el relator cuenta con facultades para investigar violaciones al derecho a la vida relacionadas con la pena de muerte, amenazas y temor de inminentes ejecuciones extrajudiciales; muertes ocasionadas por el uso de la fuerza de parte de autoridades; muertes durante la detención debido a torturas, e incumplimiento con la obligación del Estado de investigar violaciones del derecho a la vida y de entablar juicio contra los responsables.
Christof Heyns tiene la facultad de recibir denuncias, de realizar visitas a los países y de elaborar informes que contengan recomendaciones para las autoridades. La visita del relator se da tras 14 años de ausencia, a pesar que Philip Alshton, antecesor de Heyns, manifestó en 2009 su deseo de visitar México. El gobierno de Felipe Calderón simplemente lo obstaculizó.
El domingo pasado conocí a Christof Heyns. Propuesta Cívica y un grupo de organizaciones manifestamos nuestra preocupación sobre la situación de riesgo que enfrentan las personas que defienden los derechos humanos y los periodistas de nuestro país. Reivindicamos la ley y el mecanismo de protección creado el año pasado para incidir en esta problemática, así como denunciamos la falta de presupuesto y voluntad tanto de autoridades federales como locales.
Le decía en un tono informal que me caracteriza: “tanto defensores como periodistas son en ocasiones la única voz crítica hacia gobernadores que se creen virreyes locales, quienes lejos de buscar consolidar mecanismos de protección hacen todo por mermar las condiciones de su trabajo”. Christof esbozó una ligera sonrisa. Le entregamos también un escrito que da cuenta del peligro que suponen normas como el Protocolo de Multitudes del gobierno de Miguel Mancera y un recuento de las violaciones a los derechos humanos ocurridas el 1 de diciembre pasado. Sobre este tema se mostró particularmente interesado y nos pidió una copia de dicho protocolo para su análisis. Es interesante saber que también se reunió con padres de la Guardería ABC.
El 2 de mayo, al terminar su visita por Guerrero, Nuevo León y Chihuahua dará cuenta de su informe. No tengo duda de que reportará algunos avances logrados para garantizar el derecho a la vida. También estoy seguro que ese texto mostrará lo que muchos mexicanos no están dispuestos a reconocer, la impunidad sistemática que hay en los delitos cometidos por autoridades. Solemos pensar que el burocratismo de algunas instancias de la ONU se parece mucho al tortuoso camino a la justicia en México. Es posible que una recomendación no sea mucho cuando se necesitan sentencias.
Tiendo a pensar que en muchos casos de agravio más tarde que temprano lograremos sentencias, en tanto ver reconocidas algunas tragedias en el informe del próximo 2 de mayo será sin duda un avance y una oportunidad para que nuestras autoridades muestren un poco de vergüenza y se dispongan a reparar lo dañado.
Para que la justicia llegue es preciso no olvidar. Colectivos de organizaciones cívicas han convocado este 28 de abril a las 11 horas, a salir a las plazas públicas de todo el país, a un año del asesinato de la periodista Regina Martínez en Veracruz. No olvidemos tampoco las amenazas a la organización Artículo 19 México, son un preocupante recuerdo de que mientras la impunidad persista ser periodista o defensor de derechos humanos es estar bajo la mira. Tengamos vergüenza, protejamos sus voces.
@roblesmaloof
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